Sevillano Payés, Dennis Francisco. La política rural de mejoramiento social del General Maximiliano Hernández Martínez y sus
contradicciones, 1932-1944. Págs. 9-22.
DOI: http://dx.doi.org/10.5377/koot.v0i5.2280
URI: http://hdl.handle.net/11298/309
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La política rural de mejoramiento social del
general Maximiliano Hernández Martínez y
sus contradicciones, 1932-1944
Dennis Francisco Sevillano Payés
Investigador
Introducción
La vida de los jornaleros-colonos y estacionarios sin tierras en las fincas y
haciendas, 1920-1932
La vida de los jornaleros-colonos y estacionarios en las fincas y haciendas, entre 1920
y 1932, era paupérrima. Un ejemplo de lo mencionado es que para 1930 los
jornaleroscolonos y estacionarios sin tierras eran alrededor de 50.000, solamente en la
zona occidental, que representaban, de acuerdo con Jeffrey Gould y Aldo Lauria, el 18
% de la población rural del occidente del país, y quienes vivían en su mayoría en las
fincas productoras de café. El aumento de este sector rural se debió a la expansión de la
superficie cultivada de café, que ocasionó la reconcentración de las pequeñas
propiedades de campesinos que se dedicaban a cultivos de granos básicos en pequeña
escala, en fincas cafetaleras latifundistas y a las malas condiciones económicas de estos
campesinos, que habían sido favorecidos con tierras durante las reformas liberales de
finales del siglo XIX; que no pudieron pagar sus tierras por falta de acompañamiento
técnico y económico gubernamental, y que se vieron obligados a venderlas o
hipotecarlas, con cafetaleros con mayor poder adquisitivo. Entre las diferentes formas
de pérdida de las pequeñas propiedades estaban las deudas contraídas con los cafetaleros
y hacendados o por presiones, que obligaban a los campesinos colindantes con sus
propiedades a vender sus tierras, con la promesa de que estos se quedaran en sus fincas
o haciendas como colonos.
En lo que respecta al aumento de la superficie de café, tenemos que para 1916 era de
61.000 hectáreas, mientras que para 1933 había aumentado a 100.000, es decir, que
hubo un incremento de 39.000 hectáreas; que en porcentaje equivaldría, de acuerdo con
Aldo Lauria y Jeffrey Gould, a un 60 %. Este aumento de la superficie cultivada de café,
entre mediados de 1920 y principios de 1930, fue propiciado por el crecimiento de las
exportaciones del grano de oro, que generó a su vez una bonanza nunca antes vista al
sector cafetalero. Un ejemplo de ello es la ampliación en el valor de las exportaciones
de este cultivo, ya que de $7.372.000 en 1915, pasaron en 1928 a $22.741.000, es decir,
que hubo un incremento de $15.369.000 en un lapso de 13 años.
Los “salarios” que recibían en algunas fincas entre mediados de la década de 1920 y
finales de 1930 demuestran la paupérrima situación económica y social a la que estaban
sometidos tanto jornaleros-colonos, como estacionarios en las fincas y haciendas. El
jornal que recibían era de 50 centavos, antes de 1929, mientras que con la crisis
económica de este año, el jornal bajó a 20 o 25 centavos, dependiendo de las
plantaciones. Sin embargo, en algunas fincas y haciendas a los jornaleros estacionarios
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no se les pagaban con dinero real o en circulación, sino que con fichas de metal que solo
podían cambiar en las tiendas de las haciendas y fincas:
Las tiendas de las fincas y haciendas, el objeto es sacarle el dinero pagado al
trabajador por su trabajo. Para la fácil consecución de esta finalidad se ha puesto
en juego dos medios: primero, prohibir las ventas dentro de la hacienda con penas
fuertes como multas, decomisos e inutilización de la venta, y segundo pagar con
fichas, con las cuales tienen que reintegrar forzosamente el dinero recibido,
recibiendo en cambio mercadería de baja calidad y alto precio.
Esta actividad demuestra de alguna manera el grado de “extorsión” y miseria en que
vivían los jornaleros-colonos y estacionarios en las haciendas y fincas cafetaleras.
Otra medida que demuestra la paupérrima condición de este sector es la alimentación
que se les proporcionaba en las plantaciones de café y haciendas, que consistía en una
ración de dos tortillas con frijoles, las cuales se les daban en dos tiempos de comida, por
lo general en la mañana y en la tarde. Se estima que la inversión por parte de los
finqueros en la alimentación de los jornaleros-colonos y estacionarios era de 0.2
centavos de dólar por día:
El personal de una hacienda o finca, a excepción del administrador o mayordomo,
devenga (sic), antes de la actual depresión (1929) económica, 0.50 centavos de
colón al día; y solo dos tiempos de comida compuestas de tortillas y frijoles. En
las propiedades agrícolas donde no se producen estos granos, se tiene cuidado de
comprar los más baratos, de mala calidad, picados y nacidos, o sea, con hongos.
En la actualidad se paga casi en todas partes la mitad de dichos sueldos (0.25
centavos); en todas partes la mitad de dichos sueldos y solo dos tiempos de tortillas
y sal, ya sin frijoles.
Además de la mezquina cantidad de alimentos, los granos que se ocupaban, maíz y frijol,
eran de mala calidad. Patricia Alvarenga menciona, también, que en algunas fincas
estaba en vigencia la costumbre que el administrador castigará a los peones negándoles
la comida. Para ello pone como ejemplo el caso del conflicto entre el administrador de
la finca de don Manuel Portillo, Lorenzo Samayoa, y el peón Daniel Zaraño, en el que
Samayoa decidió castigar a Zaraño por su bajo rendimiento en el trabajo, negándole su
ración de comida. Mientras que el peón, en respuesta al castigo, atacó al administrador
con el corvo. Otro hecho de violencia en contra de los campesinos se dio en una finca
ubicada en las cercanías del río Sucio:
Se ha presentado al hospital Rosales el señor Julio Andrade acompañado de su
hijo Andrés, del mismo apellido, demandando curaciones para el segundo. Fuimos
informados por el padre de Andrés, del atentado criminal de que fuera víctima su
hijo en una finca situada en jurisdicción del río Sucio. Nos refiere que su hijo se
encontraba trabajando en el citado lugar, propiedad de don Carlos Escobar, y que
por haber arrancado su hijo una matita que un caporal de nombre Vicente había
sembrado, este, aprovechándose de un momento que Andrés estaba descuidado, le
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propinó tremendo machetazo que le dejó en vilo el pie izquierdo. Consumado el
atentado, huyó.
Esta situación de explotación económica y social que el campesinado vivía dentro de
las haciendas y fincas de café llevó a muchos jornaleros a cometer actos delictivos en
las propiedades. En el fondo judicial, sección juicios criminales del Archivo General de
la Nación, hay muchos casos de estos delitos que se dieron durante los años veinte,
principalmente en las fincas del departamento de La Libertad. Un ejemplo de esto es el
de Santiago Téllez y Santiago Cortez, expeones de la finca de don Roberto Guirola,
ubicada en la jurisdicción del pueblo de Colón del mencionado departamento, acusados
por el administrador de esta propiedad, Juan Uriarte Guevara, del hurto de dos mulas de
la finca del señor Guirola:
Señor juez de 1ª. Instancia de lo criminal, Juan Uriarte Guevara, mayor de edad,
tenedor de libros y de este domicilio, ante Ud. Con todo respeto expongo: que
según consta de la copia que presento para que acompaño, se agregue aquella y
se me devuelva aquél (sic). Soy administrador general de las fincas de don Roberto
Guirola y en esta virtud, vengo a denunciar el hecho siguiente: en la madrugada
del día veinticuatro de julio del año corriente, fueron robados de los potreros de
la finca Asunción dos machos de propiedad de don Roberto Guirola, uno tordillo
salpicado cajudo (sic), y otro moro oscuro con la cola recortada herrados con el
freno de la hacienda de la presa. Tan pronto como se me dio parte de la
desaparición de los semovientes (sic) en referencia mandé a varios individuos
conocedores en su busca y de las indagaciones hechas, resultó que los individuos
que sacaron las bestias de los potreros son: Santiago Téllez y Santiago Cortez ex
piones de la finca que yo administro, habiéndoles ayudado el individuo Carlos
Hernández, como a las cuatro y media de la mañana de ese día y en el camino que
conduce de la finca de la Asunción por el pueblo de Colón, los individuos Mateo
Pérez y Gerardo Contreras; encontraron a Téllez y Cortez conduciendo los
mencionados animales.
Otro ejemplo de hurto en los latifundios es el de Luis Zelaya de Usulután, quien
aquejado por el hambre no tuvo otra opción que robar y matar una vaca de la hacienda
de la sucesión de don Salvador Flores:
Luis Zelaya del cantón el Oeste según nos refiere tiene varios días de no trabajar
por no encontrar donde poder hacerlo. Hace tres días desesperado y acosado por
un hambre atroz, salió hacia la hacienda “Quirabuela” (sic) de la sucesión de don
Salvador Flores. Al pasar por un potrero vio una vaca gorda y le dieron tentación
de matarla y poder así saciar su hambre devoradora. Pensarlo y hacerlo todo fue
uno. La agarró la llevó a la orilla de un río que cruza una montañita y allí la
degolló. Ya nos imaginamos lo que pensaba el pobre y desventurado hombre
cuando hacía pedazos la carne de la vaca. Una vez que sacó bastante carne del
animal se fue a donde el colono de hacienda que le diera a donde guardar el poco
de carne de venado que llevaba. Don Pedro expuso a la guardia nacional y una
pareja compuesta de los agentes Ángel Alegría y Juan R. Vásquez salió para el
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lugar. Se le capturó y ha declarado cosas dolorosas. Dice que no encontrando
trabajo y lleno de un hambre que le consumía las tripas (sic) no encontró otro
remedio que matar a la vaquita para poder alimentarse. Nosotros vimos al pobre
hombre sucio, con un vestido deshilachado y cadavérico da la impresión que en
verdad lo ha hecho robar la necesidad. Está preso y la justicia que no entiende de
perdonar tales recursos atentarios (sic) contra la propiedad ajena se verá obligado
a castigarlo como se merece.
Este caso no es el de un colono o campesino estacionario, pero ilustra la difícil situación
económica y social que vivía la población pobre del campo en general del país. Con
semejantes condiciones de desdicha económica y de marginalidad social, es lógico que
cometieran el delito del hurto en las fincas y haciendas. Este tipo de situación generó
inestabilidad social en el país, que aunado a otros problemas, como por ejemplo, la crisis
de 1929 y la introducción de ideas socialistas, generó una de las mayores revueltas
campesinas que El Salvador ha sufrido a lo largo de su historia, que fue la de enero de
1932.
La inestabilidad social causada por la difícil situación en el campo: el caso del
levantamiento de enero de 1932
La difícil situación económica dentro de las fincas y haciendas que, como ya hemos
visto, se vivía desde antes de 1920 y que se empeoró con la crisis de 1929, generó en
enero de 1932 uno de los principales levantamientos armados de la historia nacional,
protagonizado en su mayoría por campesinos indígenas y ladinos jornaleros-colonos
estacionarios sin propiedades, dejando como saldo fatal una cifra cercana a los 25.000
fallecidos. El origen de este descontento es multicausal y obedece a una serie de factores
que se combinaron para generar este malestar social. Entre ellos está la crisis de 1929,
que agudizó aún más la difícil situación que vivían los jornaleros colonos y estacionarios
en las fincas y haciendas del país.
Esta crisis afectó de manera directa al sector terrateniente productor de café, ya que los
precios del grano de oro habían descendido entre 1929 y 1932. Esto hizo que muchos
cafetaleros dejaran de contratar jornaleros estacionarios para sus cortas y que
despidieran de sus fincas y haciendas a los colonos. Esta medida disparó el índice de
desempleados y generó mayor pobreza en este sector; al mismo tiempo aumentó la
cantidad de campesinos expulsados hacia las zonas urbanas, especialmente San
Salvador y los países centroamericanos, principalmente Honduras. Esta situación
generó malestar en este sector, que se combinó con la difícil situación económica y
social que se venía dando en las fincas y haciendas descritas con anterioridad a esta
crisis.
Otro factor que provocó inestabilidad social y que se combinó con la falta de empleos
en las fincas de café, provocados por la crisis de 1929, y con las condiciones de miseria
que se venían dando desde antes de esta fecha, fue la falta de tierras en el campo, tanto
para viviendas como para cultivos, debido al aumento de la superficie de café que
reconcentró las pequeñas propiedades en latifundios. Un estimado de la concentración
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de la propiedad demuestra que, para finales de la década de 1920 y principios de 1930,
solamente un número ínfimo de la población rural era propietaria de tierras, y que en su
mayoría eran productoras de café latifundistas. Esta cuestión generó de alguna manera
cierto descontento social.
Aunado a lo anterior, estuvo el malestar que generó el incumplimiento de las promesas
de repartir tierras y de otras medidas que el ingeniero Arturo Araujo hizo durante su
campaña presidencial, que lo llevaron por cierto a su derrocamiento, y que puso en su
lugar en la presidencia al general Maximiliano Hernández Martínez, quien tuvo que
sofocar de manera salvaje este levantamiento. Sin embargo, aparte de estas cuestiones
estuvieron otros factores que de alguna u otra manera influyeron en el descontento
social, como por ejemplo, la penetración de ideas socialistas en el campesinado sin
tierras, las que por las condiciones de miseria y pobreza a las que estaba sometido,
hallaron mucha aceptación. Sin embargo, los nuevos estudios han demostrado que su
injerencia fue mínima, aunque sí hubo un cierto adoctrinamiento.
Esta combinación de factores provocaron inestabilidad social, cuya máxima expresión
se dio a través del levantamiento armado de enero de 1932, que generó una serie de
políticas que el gobierno de Hernández Martínez trató de implantar en pro de este sector
rural, con el fin de estabilizar la situación social, pero que en la práctica fue todo lo
contrario, demostrando con ello la poca voluntad política para resolver esta situación de
crisis. Sin embargo, también se dieron otras durante este período, como por ejemplo, el
de las migraciones campo-ciudad, que será explicada a continuación.
Las migraciones de campesinos a las ciudades, 1920-1930, y la falta de viviendas:
el caso de San Salvador
Las migraciones de campesinos entre 1920 y 1930 a las ciudades del país,
principalmente San Salvador, se incrementaron de manera sustancial debido a las malas
condiciones económicas en la campiña salvadoreña. Muchos de estos inmigrantes
rurales eran campesinos jornaleros sin tierras. Para 1929, San Salvador contaba con una
población de 95.692 habitantes, de los cuales el 71,3 % procedía del exterior y
solamente el 28 % era originaría de la capital. Este incremento de la población
demandaba más servicios a las ciudades, principalmente San Salvador, los cuales no
estaba en capacidad de ofrecer. Uno de dichos servicios era la vivienda, que en el caso
de San Salvador para 1929 estaba acaparada en un 4 % de la población.
Debido a este problema de falta de vivienda, proliferaron en la capital los mesones, que
pasaron de ser 312 en 1924 a 526 en 1929, es decir, que hubo un incremento de 217
mesones en un lapso de cinco años aproximadamente. Estos mesones no
proporcionaban las condiciones adecuadas de vivienda e higiene al inquilino. El
problema de los mesones se dio por el incremento de la población en la capital. Los
problemas de pobreza e insalubridad en los mesones crecieron y representaron un
problema para el gobierno:
El estado de insalubridad en que se encuentran los mesones y casas de habitación
situados en los márgenes de los arenales que atraviesan la capital es lamentable.
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Dicen que sería una tarea sumamente difícil y costosa sanar en su totalidad esos
lugares, ya que se necesitaría canalizar cosas, que se han tratado en otras
ocasiones. Y lo cual, nos han dicho personas entendidas, costaría como mínimo un
millón de colones.
Las condiciones de los mesones descritas con anterioridad dieron como resultado
problemas de convivencia entre los inquilinos de estos lugares. Un ejemplo de esto es
el caso de la mesonera o casera y los inquilinos del mesón Molina:
Un vecino que habita en el mesón Molina, situado en la calle oriente número 101,
se ha dirigido a la dirección de este diario poniendo en conocimiento respecto a
la conducta observada por la mesonera del caso, quien regala a sus inquilinos
insultos, pedradas, leñazos y amenazas a muerte con tanta frecuencia que ha
convertido aquel mesón en un infierno. La última víctima de tan injusta mujer, ha
sido la madre de Andrés, el conocido futbolista del 33, Juana Castillo. También
pueden decir algo sobre los procederes de los mesonera, un carpintero y una
tortillera que hoy habitan en los apartamentos Novoa-Damas.
Debido a estos problemas, el gobierno de Martínez intentó solventar el problema de
falta de vivienda urbana. Sin embargo, en la práctica los resultados fueron insuficientes,
tal como lo veremos más adelante.
La ciudad de San Salvador, también, no ofrecía las condiciones laborales adecuadas
para los nuevos migrantes que estaban llegando del campo a la ciudad desde finales de
los años 20. Esta falta de condiciones adecuadas orientadas hacia una economía formal
propició el surgimiento de un modelo laboral fundamentado en la económica informal,
que generó molestias y rechazos por parte de la opinión pública, o al menos de las capas
ilustradas de la época: “En cuanto al problema de las vendedoras ambulantes en los
alrededores de los mercados, el doctor Vilanova, actualmente director de sanidad, dice
que primeramente hay que buscarle sitio antes de retirarlas de donde estén”.
Es evidente que las vendedoras ambulantes causaban malestar a las autoridades, pero
también queda al descubierto que San Salvador no ofrecía las condiciones económicas
mínimamente adecuadas para albergar a los campesinos que habían emigrado hacia la
capital. Otro problema que generó el ambulantaje fue el desorden urbano, ya que
muchos vendedores, hombres y mujeres, habían invadido las calles adyacentes y
principales de los mercados, ocasionando la obstaculización del tráfico en general, tanto
peatonal como vehicular, proyectando, en opinión de ciertos funcionarios de gobierno
y de las elites, un aspecto deplorable, contrariando con la higiene de la ciudad.
Sin embargo, aparte de estos problemas, las migraciones de campesinos a la ciudad de
San Salvador generaron otros malestares, como por ejemplo, la expansión de
enfermedades venéreas, principalmente la sífilis, que entre 1921 y 1930 se había
incrementado en un 50 %, aproximadamente, y que a la vez era, junto con el paludismo
o malaria y las infecciones parasitarias, una de las principales causas de mortalidad en
el país. Por otra parte, el problema de las enfermedades venéreas venía preocupando a
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las autoridades de San Salvador desde los años 20, quienes consideraban como causante
de este mal a la pobreza y a los “vicios inmorales de las clases incultas”, en especial el
de la prostitución, que había aumentado en San Salvador. Por ejemplo, en 1929, de las
2.708 prostitutas que había en el país registradas por el gobierno, 1.189 se concentraban
en la capital, es decir, que más de la mitad de este sector laboral se encontraba en San
Salvador. Debido a estos problemas que generaron las migraciones de campesinos a las
ciudades, principalmente San Salvador, el gobierno del general Martínez desarrolló un
proyecto de construcción de casas urbanas baratas y un programa de arraigo del
campesinado, a través del repartimiento de propiedades, que fueron insuficientes dentro
de su política de Mejoramiento Social, tal como se verá a continuación.
La política rural de Mejoramiento Social del general Maximiliano Hernández
Martínez, 1932-1944, y sus contradicciones
La política rural de Mejoramiento Social, en líneas generales, tuvo dos componentes
esenciales orientados hacia la parte urbana y la rural de la sociedad salvadoreña de los
años 30 y los primeros de los 40. En lo que respecta a la parte urbana, el régimen de
Maximiliano Hernández Martínez y su política de Mejoramiento Social tenían como
objetivo principal resolver el problema de falta de vivienda en las ciudades del país.
Para ello, la Junta de Mejoramiento Social llevó a cabo un proyecto de construcción de
casas baratas, a las cuales podían optar obreros particulares y trabajadores
gubernamentales que no tuvieran vivienda. Mientras que la parte rural tuvo dos líneas
de acción de acuerdo con el discurso oficial. La primera se basó en la compra de
latifundios, repartirlos en lotes de tierra a los campesinos sin propiedades, que eran en
su gran mayoría jornaleros colonos y estacionarios sin tierras; que englobaban a una
gran parte de la población rural, tal como lo hemos visto. Sin embargo, aparte de repartir
tierras, el gobierno del general Martínez pretendió desarrollar un programa de educación
rural con el objetivo de incorporar al indígena y al campesino pobre a la sociedad
“civilizada” salvadoreña. También intentó llevar a cabo un programa de crédito rural,
el que —como lo veremos más adelante— fue insuficiente.
Compra y repartición de propiedades
Entre 1930 y 1950, las instituciones creadas por los distintos gobiernos militares,
encargadas de llevar a cabo la política de repartición de propiedades a campesinos sin
tierras, compraron 26 haciendas, lotificando o transformando en pequeñas parcelas
35.679 manzanas, dejando sin lotificar o dar en arrendamiento 7.572. Sin embargo, este
repartimiento de propiedades fue insuficiente para el total de campesinos, jornaleros
colonos y estacionarios, sin propiedad que había en El Salvador alrededor de 1930, ya
que los diferentes gobiernos durante este período solamente beneficiaron a 6.968
campesinos con tierras, cifra insignificante que ni siquiera cubría la mitad del total del
campesinado sin propiedad de los años 30 de la zona occidental, que eran alrededor de
55.000, tal como se ha explicado en párrafos anteriores. Con esto queda en evidencia
que hubo una contradicción entre el discurso político y la práctica y que, por tanto, la
repartición de propiedades estaba condenada al fracaso, ya que los diferentes gobiernos,
tanto el de Martínez como de sus sucesores, no tuvieron la voluntad real de ampliar la
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pequeña propiedad en la campiña salvadoreña. La siguiente tabla muestra las
propiedades adquiridas entre 1932 y 1950.
Tabla 1. Haciendas adquiridas y lotificados por el Estado entre las décadas de
1930-1950
(Torres, 1961: Pág. 40)
Todas las propiedades que adquirieron los distintos gobiernos militares fueron
productoras de granos básicos, crianza de ganado y cultivadoras de caña de azúcar.
Ninguna era productora de café. Por otra parte, se compraron ciertas propiedades a
cafetaleros, como por ejemplo, la hacienda San Andrés, de la familia Dárdano-Dueñas.
Sin embargo, esta hacienda era de “menor importancia” para esta familia, ya que no era
productora de café, sino que su especialización era el cultivo de granos básicos, crianza
de ganado y caña de azúcar. El siguiente mapa ilustra la ubicación de las propiedades
adquiridas entre las décadas de 1930-1950.
Mapa 2. Propiedades
adquiridas por el
Estado, 1930-1950
Fuente: Abelardo Torres
Tierra y Colonización,
Pág.61
Las partes negras del
mapa explican la ubicación de las propiedades en los diferentes departamentos del país.
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Es evidente que el gobierno de Martínez y sus sucesores protegieron los intereses de los
cafetaleros, ya que no se adquirió ninguna finca de ellos, comprando nada más
latifundios dedicados a la crianza de ganado y al cultivo de granos básicos. Esto queda
en evidencia al observar el nombre de estas haciendas; también la ubicación geográfica,
ya que la mayoría no se situaba en lugares de mucha altitud, sino que se encontraba en
las partes planas. Muchas de estas propiedades productoras de granos básicos se
compraron a hacendados que estaban en crisis. Un ejemplo de esto fue la hacienda
Zapotitán, que se dedicaba a la explotación ganadera y de granos básicos. Esta medida
de comprar propiedades a hacendados venidos a menos, de acuerdo con Juan Mario
Castellanos, iniciada por el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez y practicada
por los sucesivos gobiernos, tenía como objetivo ayudar a estos terratenientes, ya que
el Estado se encargaba, aparte de pagarles con dinero en efectivo, de cancelar sus deudas
e hipotecas. Un ejemplo de esto fue la hacienda Zapotitán. Como hemos podido
observar, el número de beneficiados con pequeñas propiedades fue insignificante,
demostrando con esto que había una contradicción entre discurso y práctica, y que el
gobierno de Martínez y sus sucesores en realidad no tuvieron la voluntad real de
solucionar el problema de falta de propiedades en la campiña nacional. Esta situación
se dio con los diferentes componentes, tanto en educación como en el crédito rural, tal
como se verá a continuación.
La educación rural
El régimen del general Martínez, a la vez que entregó tierras a los campesinos sin
propiedades, intentó desarrollar otras políticas, por ejemplo, la educación y el crédito
rural. En lo que respecta a la educación rural, el gobierno intentó desarrollar, al menos
en el discurso, apostarle a través de la cobertura educativa rural, a la incorporación del
indígena y el campesino beneficiado con tierras a la sociedad “civilizada salvadoreña”.
Sin embargo, al igual que con el repartimiento de propiedades, esta medida solamente
fue parte del discurso, ya que entre política y práctica se dio una gran contradicción. Por
tanto, esta medida solamente se quedó en el tintero y no dio los resultados esperados,
como se verá a continuación.
Tal como se ha mencionado, la política de educación rural del gobierno del general
Maximiliano Hernández Martínez tenía como objetivo incorporar tanto a los indígenas
como a los campesinos beneficiados con propiedades a la sociedad “civilizada”
salvadoreña.
Cuando hace algún tiempo abordamos en estas mismas columnas el tema que se
relaciona con la necesidad de activar los esfuerzos de incorporación de las clases
indígenas y campesinas a la vida civilizada del país, hicimos notar que uno de los
factores más útiles y decisivos en el logro de ese saludable propósito estriba en la
intensificación de la enseñanza rural. Y es que debe comprenderse que
inmediatamente después de dar al individuo y al campesino posesión y dominio
sobre la tierra, aun cuando sea a pequeña escala, cosa que está realizando el
gobierno con espíritu sabio y previsor, lo que precisa atender, para mejorar las
condiciones vitales de aquellos, es acercarse a su corazón y a su inteligencia, cosa
Sevillano Payés, Dennis Francisco. La política rural de mejoramiento social del General Maximiliano Hernández Martínez y sus
contradicciones, 1932-1944. Págs. 9-22.
DOI: http://dx.doi.org/10.5377/koot.v0i5.2280
URI: http://hdl.handle.net/11298/309
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que se logrará por medio de la escuela y de la predica sencilla y generosa de la
disciplina, orden y respeto.
Se pensaba —o el gobierno lo entendía así— que por medio de la intensificación de la
enseñanza rural se podía integrar al campesino y al indígena a la sociedad salvadoreña
“civilizada”. Como se puede observar, la educación que se pretendía impartir en las
escuelas rurales llevaba el componente educativo de la enseñanza militar, fundamentada
en los principios de la disciplina, orden y respeto. De acuerdo con los estudios
educativos de historia relacionados con el sistema educativo rural desarrollados por
parte de los gobiernos militares latinoamericanas del siglo XX, por medio de estos
principios se procuraba generar, en el campesinado, el adoctrinamiento a través de la
cultura de sumisión hacia los distintos regímenes militares, con el propósito de
minimizar la proliferación de ideas “perjudiciales” a los intereses de estos gobiernos.
Un ejemplo de ello fueron las dictaduras del general Perón, en Argentina, y de Jorge
Ubico, en Guatemala.
Para lograr la ampliación de la educación rural, el régimen dio facultades a las
municipalidades, para que tomaran el 5 y 10 % de las rentas municipales, con el objetivo
de emplearlas en la construcción de escuelas rurales:
El supremo gobierno está interesado en establecer en el presente año una intensa
labor en lo que respecta a la enseñanza rural, porque el campesino necesita
urgentemente una educación que marche al ritmo de sus tendencia y necesidades,
para que tales actividades obtengan la mayor vitalidad y de los más provechosos
frutos en bien de la cultura nacional, precisa que todos pongamos de nuestra parte
el aporte que necesita esta clase de cruzada, ya que ellos se encaminan a proteger
a nosotros mismos contra las fuerzas ciegas de la ignorancia que comúnmente son
generadoras de peligros y desgracias. Pero para acometer este ideal, el supremo
gobierno ha dado la facultad a las municipalidades para que puedan prestar su
cooperación con bastante eficacia en tales propósitos, sobre todo ahora que existe
una ley que las autoriza para tomar de sus respectivos presupuestos el 5 y el 10 %
y puedan invertirlos en la construcción de edificios escolares. Decimos que las
municipalidades, puedan cooperar con más eficacia porque ellas tienen bajo su
control gran parte de la educación rural en el país.
La construcción de escuelas rurales quedó en manos de las municipalidades. Sin
embargo, los resultados en lo que respecta a cobertura fueron un fracaso; un ejemplo de
esto fue el caso de Zapotitán, ya que la primera escuela fue construida entre finales de
los años 60 y principios de los 70 de la centuria recién pasada, con el proyecto del
Distrito de Riego y Avenamiento. Otra prueba que demuestra que esta política de
cobertura educativa rural que inició el régimen de Martínez, y que sus sucesores la
continuaron fue un fiasco, es que menos de la mitad del pequeño campesino nacional,
favorecido con propiedades entre 1930 y 1970, tuvo acceso a educación. Un ejemplo de
lo mencionado es que en El Salvador, en 1968, el 76,6 % de los campesinos pobres, que
en su gran mayoría no tenían tierras, eran analfabetos; cifra que al compararla con Costa
Rica resulta muy superior, ya que esta nación para esta misma fecha tenía solamente un
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29,9 % de analfabetismo en este mismo sector de la sociedad rural. Un periodista del
semanario Nuevo Excélsior, de San Vicente, menciona la baja asistencia en el número
de estudiantes a las escuelas rurales: “En algunas escuelas se nota la deficiencia del
número de asistencia, no confronta con el número de matriculados, que será esa
negligencia de los padres de familia que no mandan a la escuela sus niños”. Es evidente
que la política rural del régimen del general Martínez fue un fracaso, y que se dio una
contradicción entre discurso y práctica, al igual que en el caso del crédito.
El crédito rural
El gobierno del general Martínez, intentó desarrollar una política de crédito rural que,
al igual que en la educción, los resultados en la práctica fueron mínimos y no resolvieron
el problema del acceso a este recurso. Para desarrollar el crédito, el régimen convierte
a la Junta de Mejoramiento Social, en 1943, en sociedad anónima. Con esta
transformación, el gobierno se convierte en accionista directo de esta junta por medio
de acciones depositadas a nombre de esta institución en las Cajas de Crédito Rural y en
el Banco Hipotecario, instituciones recién creadas y que, en el caso de las Cajas de
Crédito, actuaron como aliadas de Mejoramiento Social en el otorgamiento de créditos
a campesinos. Además, con esa transformación, el gobierno pretendía ampliar las
actividades de dicha institución. A partir de 1943, Mejoramiento Social, S.A., aparte de
comprar tierras y repartirlas, tenía la función de otorgar créditos agrícolas por medio de
las cajas de crédito. Los créditos que se otorgarían por parte de Mejoramiento Social a
través de las Cajas de Crédito serían “blandos” y de fácil acceso, en cuanto a las
garantías prendarias que se exigirían para poder acceder a este beneficio:
Ahora, como complemento de Mejoramiento Social se ha creado la caja de Crédito
Rural que ha de permitir al hombre de escasos recursos, al campesino y al obrero
que tienen poco, llenar sus necesidades, ya que con algo que posean con que
responder para garantía de un préstamo, que pueda ser una pequeña casa, sus
bueyes, etc. Este los será dado y de esa manera satisfarán sus necesidades.
Sin embargo, los resultados en cuanto a acceso a crédito fueron mínimos. Un ejemplo
de esto es que, de los 6.968 campesinos que fueron favorecidos con propiedades por
parte del gobierno, solamente alrededor del 1 % tuvo acceso a créditos rurales otorgados
por esta institución. Como hemos podido observar, discurso y práctica fueron
contradictorios, ya que la política del crédito fue solamente un anuncio y no resolvió el
problema del acceso a este recurso. Pero también, aparte de estas problemáticas, el
gobierno de Maximiliano Hernández Martínez pretendía, de acuerdo con su discurso,
con el repartimiento de propiedades frenar las migraciones de campesinos a la ciudad.
Pero que, al igual que la educación y el crédito, esta medida solo se quedó en el discurso,
ya que en la práctica fue todo lo contrario. El gobierno se había dado cuenta de que no
solo bastaba entregar propiedades al jornalero sin tierra para fomentar el arraigo al
campo, sino que una de las soluciones que estaba dando más efecto para frenar las
migraciones de campesinos sin propiedad hacia la ciudad, de acuerdo con el régimen,
era dejar los bloques de tierras deslindados de las haciendas en manos de los
colonosjornaleros de estas propiedades, que se habían asentado y las venían trabajando
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mucho antes del proyecto de repartición de propiedades. Sin embargo, al igual que las
otras políticas rurales, estas solo se quedaron en el tintero, ya que, como hemos visto en
párrafos anteriores, el número real de beneficiarios con propiedades fue insignificante
en comparación con el total de campesinos sin tierras; y lejos de frenar las migraciones
campo-ciudad las incrementaron. Así, tenemos que la población urbana creció, desde
1930 hasta mediados de 1940, entre un 25 y un 50 %, aproximadamente, en la que San
Salvador fue la ciudad en donde más creció ese segmento poblacional.
La mayoría de estos pobladores, durante esta época 1932-1944, eran campesinos sin
tierras y que habían recibido propiedades con este proyecto; y que no pudieron pagarlas
por falta de apoyo técnico y económico; y que se vieron obligados a emigrar a las zonas
urbanas, principalmente San Salvador. Un ejemplo de esto fueron los beneficiarios con
tierras de las haciendas Metalío y Zapotitán, quienes, al no poder cancelar sus
propiedades, se vieron obligados a emigrar a las principales ciudades del país. Sin
embargo, el gobierno del general Martínez pretendía, con el repartimiento de
propiedades, estabilizar la situación social generada por la falta de propiedades y con
ello evitar futuros levantamiento, como el de 1932, generado, entre otras causas, por el
acaparamiento de tierras.
Conclusiones
La política rural de Mejoramiento Social dirigida a campesinos sin tierras y a obreros
particulares y gubernamentales sin casas que trató de impulsar el gobierno del general
Maximiliano Hernández Martínez, tanto en su componente urbano como rural, fue
insuficiente y presentó una gran contradicción entre política y práctica. Tal como hemos
visto, la política rural basada en la redistribución de propiedades, dirigida a los sectores
pobres llevaba como propósitos fundamentales, de acuerdo con el discurso oficial,
resolver varias problemáticas que aquejaban al país, entre ellas el descontento de los
jornaleros-campesinos estacionarios y temporales sin tierras, que trabajaban las fincas
de café y haciendas a través del otorgamiento de propiedades; el problema de las
migraciones campo-ciudad por medio del arraigo del campesino a la campiña; integrar
al campesinado pequeño y medio, beneficiado con propiedades, a los recursos del
crédito nacional y por medio de la educación rural a la sociedad “civilizada”
salvadoreña. Sin embargo, los resultados fueron mediocres y desalentadores, poniendo
en evidencia la poca voluntad política del régimen para resolver estos problemas y para
elevar la calidad de vida de los sectores pobres del país. Contrario a este fracaso de la
política rural del gobierno de Hernández Martínez dirigida a los sectores pobres, las
políticas orientadas a los sectores rurales de las capas altas integradas por hacendados y
cafetaleros sí tuvieron éxito, principalmente al llevar a cabo medidas proteccionistas
como la desgravación de impuesto a la producción del café, que surtió el efecto
esperado; que se puede observar a partir del aumento en el volumen de las exportaciones
del grano de oro.
Referentes bibliográficos
Libros
Sevillano Payés, Dennis Francisco. La política rural de mejoramiento social del General Maximiliano Hernández Martínez y sus
contradicciones, 1932-1944. Págs. 9-22.
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