García, Tania. Dimensión social del tráfico ilícito de bienes culturales. Págs. 20-34.
DOI: http://dx.doi.org/10.5377/koot.v0i3.1161
URI: http://hdl.handle.net/11298/66
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Dimensión social del tráfico ilícito de
bienes culturales
Tania García
“Patrimonio es un activo valioso que transcurre del pasado
al futuro relacionando a las distintas generaciones”
(Ballart y Tresserras; 2001:12)
Creeríamos que el tráfico ilícito de bienes culturales (TIBC) solo afecta a bienes
muebles e inmuebles, es decir, objetos cerámicos, pinturas, esculturas, grabados,
monedas, libros, textiles, tumbas, sitios arqueológicos y coloniales; retablos,
ruinas de fortificaciones, cementerios, edificaciones y monumentos. Sin embargo,
este no es el problema central que enfrentamos. Nos referimos fundamentalmente
a la pérdida de la memoria colectiva como consecuencia de la depredación de de
los objetos simbólicos de pueblos y comunidades.
La cadena del TIBC está conformada por huaqueros, comerciantes de
antigüedades, coleccionistas públicos y privados, casas de subastas, delincuentes
comunes o bandas organizadas que facilitan la circulación de piezas provenientes
de excavaciones ilegales, robos y venta de objetos de prohibida comercialización;
esta cadena no siempre es identificada debido a intereses económicos, políticos,
sociales y culturales como:
- Dinámica de una economía subterránea que invierte fortunas en bienes
culturales patrimoniales.
- Un mercado global activo, que mueve enormes cifras en base a la oferta y
la demanda en una aparente legalidad.
- La corrupción en la mayoría de los países que facilita el tránsito por
fronteras terrestres, aéreas o marítimas a cambio de estipendios
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- Intereses de representatividad social y económica de ciertos
“coleccionistas”.
- Inequidades sociales, que señalan al huaquero como único responsable del
comercio, tráfico y destrucción del patrimonio cultural.
- Modernas tecnologías que facilitan las transacciones con un menor riesgo
y anonimato.
- Débil legislación en el ámbito penal.
- Falta de armonización en la legislación internacional.
- Incumplimiento de los Estados Parte.
- Falta de valoración y conocimiento de los recursos patrimoniales de
pueblos y comunidades.
Para develar la complejidad del problema analizaremos tres aspectos. El primero
relacionado con la cadena de involucrados; el segundo, relativo a la manera de
“legalizar” la posesión de bienes culturales patrimoniales de procedencia dudosa,
y el tercero corresponderá al análisis de las sociedades o entorno, que de una
manera u otra pueden ser permisivas ante este tipo de delito.
El TIBC, comprende actividades de exportación, importación y transferencia
ilícitas de bienes culturales patrimoniales, o no, establecidos en los marcos legales.
A partir de la tipificación del delito, definida en la 17ª. Reunión de la Unesco, la
adhesión de los Estados y sobre todo la implantación de los órganos
administrativos con el respectivo cuerpo legal, es que podemos hablar de tráfico
ilícito de bienes culturales.
Para definir o seleccionar los bienes que constituyen el patrimonio del Estado
ecuatoriano, debemos necesariamente remitirnos, en nuestro caso, a la Ley de
Patrimonio Cultural, Art. 7, literales de la a) hasta la j). Esta selección sin duda es
arbitraria, puesto que en primer lugar tenemos un marco jurídico que delimita esa
selección y, por otro lado, quienes los califican no están desprovistos de sus
propias visiones. En este sentido, las categorías deben entenderse en un momento
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histórico y político determinado. En consecuencia, esta selección de patrimonio
cultural obedece a un supuesto de orden social (Csikszentmihalyi, 1993: 28).
Los bienes culturales materiales, a su vez, están constituidos por dos categorías:
bienes muebles e inmuebles, es decir, responden a esta clasificación en la
condición de movilidad o trasportación. Sin embargo, también esta clasificación
es limitante, puesto que obedece tan solo a valores que se expresan materialmente;
sin duda que se está superando esta concepción, y hoy se reconoce que todo objeto
aparte de sus valores materiales tiene implícitamente valores o cualidades
inmateriales, es decir, se reconoce la idea o el motivo que propició su creación,
definida como patrimonio inmaterial (PCI). En consecuencia, la pérdida y
depredación del patrimonio material implica también la pérdida del patrimonio
inmaterial, es decir, usos, prácticas religiosas, rituales, festividades, vida cotidiana,
etc.
Cadena de involucrados en el TIBC.
Huaqueros y coleccionistas
La cadena de involucrados está conformada por una serie de actores que, de
acuerdo con la ubicación en la pirámide social, pueden ser considerados
delincuentes o personajes reconocidos y estimados. En el TIBC pueden intervenir
huaqueros, comerciantes, coleccionistas, “profesionales”, mafias organizadas,
casas de subastas y compradores de buena fe.
Los bienes culturales más vulnerables históricamente han sido los provenientes de
contextos arqueológicos terrestres y subacuáticos, ya que generalmente no se han
identificado oficialmente, y pueden estar en cualquier sitio. El aparente
“anonimato” ante las autoridades competentes los hace especialmente atractivos a
huaqueros, buscadores de tesoros, traficantes de bienes culturales, o
inescrupulosos profesionales que han hecho de esta actividad un comercio rentable
a escala global. Para romper esta cadena de comercio ilegal, el International
Council of Museums (Icom) publicó, en el 2002, la Lista Roja, que es una alerta
documentada sobre el TIBC.
La Lista Roja nos proporciona algunos datos alarmantes del TIBC en América
Latina. Estiman, por ejemplo, que un 80% de todos los sitios arqueológicos
conocidos en la península de Yucatán. México han sido saqueados, que las figuras
Nayarit-México provienen el 90% de excavaciones ilegales —huaquerismo—.
Con respecto al material cultural religioso, según la misma Lista Roja, el 10% de
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las iglesias peruanas han sido saqueadas recientemente. Lamentablemente en esta
lista también está Ecuador, con demanda de piezas de patrimonio cultural en
mercados nacionales e internacionales.
Al interior del territorio ecuatoriano se conoce de sitios destruidos por un
huaquerismo intensivo en Cerro Narrí-Provincia Del Cañar hacia 1920 (BCE:
2010; 62) la zona del río Santiago en la Tolita- provincia de Esmeralda, hacia 1940;
los cerros Jaboncillo, Verde, Guayabal y de Hojas, en la provincia de Manabí,
despojados desde hace un siglo de sus contenidos culturales; el huaquerismo
masivo producido en Alacao-Provincia de Riobamba, en el 2005 depredó
contextos arqueológicos puruhá. En la década de los 80, Atacames-provincia de
Esmeraldas vio perder su patrimonio arqueológico durante la ejecución de obras
de infraestructura para la ciudad.
Por otro lado, el patrimonio paleontológico tampoco está a salvo. En el norte del
país, el conocido valle de los Mastodontes, ubicado en la comunidad de Cuesaca
del cantón Bolívar, es frecuentemente visitado por huaqueros que extraen los restos
óseos para colocarlos en el mercado nacional a través de coleccionistas, casas de
antigüedades o museos.
El cuadro que mostramos inmediatamente evidencia la riqueza patrimonial relativa
a los sitios arqueológicos en Ecuador, por ende, la responsabilidad del Estado para
ejercer la rectoría y la demanda en cuanto a necesidades de protección para evitar
el saqueo y destrucción de la memoria prehispana e hispana contenida en los sitios
arqueológicos.
6.2.2 Sitios arqueológicos por filiación cultural.
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Otro aspecto importante en cuanto a la protección del patrimonio cultural frente al
TIBC es el relativo al régimen de propiedad de las tierras. El cuadro siguiente nos
ilustra el estado de la situación referente a este tema, pudiendo colegir que en teoría
solo están debidamente protegidos el 12,84% de los sitios que, según el régimen
de propiedad, pertenecen al Estado.
Estos dos datos, el referente a la magnitud de la riqueza patrimonial y el régimen
de propiedad de las tierras, no hacen más que corroborar que la protección del
patrimonio cultural no es una tarea exclusivamente del Estado, puesto que
materialmente es incapaz, por la magnitud a la que se enfrenta, de solucionar por
sí mismo este problema. Por lo tanto, es importante el análisis de los involucrados
en la cadena del TIBC y su responsabilidad.
Los primeros en la cadena de involucrados que participan en el TIBC, a quienes
generalmente se los estigmatiza y se les asigna el peso de la ley con referencias
históricas tan antiguas, son los huaqueros, y la actividad que desarrollan se conoce
en Ecuador como huaquerismo.
1
Dan cuenta de esta tres Reales Cédulas del
período colonial americano: 1523, 1538, 1551, que autorizaban el saqueo de
tumbas y templos; al parecer esta práctica se extendió tanto que fueron necesarias
1
Actividad ilegal que actúa en contextos arqueológicos terrestres para obtener bienes culturales que luego los
pone en circulación, a través de coleccionistas, casas de anticuarios y/o compradores de buena fe.
Régimen de tenencia de tierra y sitios arqueológicos
Elaboración: Ecociencia 2010.
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posteriormente otras dos Cédulas Reales prohibiéndolas, la de octubre de 1549 y
otra del 4 de septiembre de 1551 (Matos: 1979); ello, sin embargo, tendió no a
proteger los testimonios del pasado prehispánico, sino a garantizar la captación de
los tesoros para la Corona española.
El impacto del huaquerismo se devela cuando empezamos a indagar sobre estas
prácticas; y una y otra vez nuestra historia se ve salpicada de hechos que llaman la
atención por el volumen de material metálico; por la cantidad de colecciones
privadas de inigualable riqueza cultural de bienes de prohibida comercialización
existentes; por el número de bienes culturales que forman parte de estas
colecciones y por el número de colecciones reportadas e identificadas fuera del
territorio nacional. Pero lo alarmante de estos datos es que con seguridad, ninguna
de estas colecciones proviene de investigaciones científicas.
Sin embargo, la historia de los coleccionistas
2
es muy distinta a la de los huaqueros.
Aquella actividad ha gozado siempre de muy buena reputación, y quienes asumen
esta práctica gozan de consideración y estima, como lo constatamos hasta la
actualidad; esta dicotomía, en la relación de la cadena de involucrados, es la que
nos interesa analizar, puesto que las actividades de los dos personajes están
íntimamente relacionados. El primero como proveedor de bienes- mercancía y el
segundo como consumidor de productos culturales de profunda significación
económica y social; los dos en estrecha relación, debido a que actúan en la oferta
y demanda de bienes culturales de prohibida comercialización.
Constatamos los resultados de una actividad no científica a través del análisis de
colecciones legalmente registradas en el departamento de Inventario del Instituto
Nacional de Patrimonio Cultural. Las 13.773 piezas arqueológicas pertenecientes
a colecciones privadas registradas únicamente en Quito, hasta el año 2009, no
provienen de investigaciones científicas. Por lo tanto, es de inferir que fueron
adquiridas a comerciantes de bienes culturales, entre los cuales seguramente
estuvieron presentes los huaqueros.
2
No nos referimos al coleccionismo en general. El coleccionismo que despierta sospechas es aquel
relacionado fundamentalmente con la adquisición de bienes culturales arqueológicos, puesto que en estricto
sentido según la Ley de Patrimonio Cultura Ecuatoriano no se justifica de ninguna manera la posesión de estos
bienes en manos privadas.
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Colecciones arqueológicas registradas por el INPC
Región 1 Quito
(Datos consignados hasta marzo 2010)
Sobre el “coleccionismo” debemos preguntarnos ¿por qué mira la sociedad este
hecho de distinto modo al del huaquerismo? Pero, sobre todo, ¿se justifica aún la
práctica de coleccionismo que incita la destrucción de los contextos arqueológicos
y coloniales en el siglo XXI?
Estos datos nos permiten ahora intentar esbozar el fenómeno del coleccionismo,
enfocándonos en las consecuencias de esta actividad en el siglo XXI, y la discusión
en torno a ella.
Existen dos corrientes bien diferenciadas respecto al coleccionismo:
1. La corriente que pregona que la actividad del coleccionista suple al Estado,
quién es incapaz de realizar el manejo del patrimonio cultural. Esta corriente es
liberal, condescendiente y se inserta plenamente con el mercado. Generalmente
pregonan estos beneficios los propietarios de los museos particulares y
coleccionistas activos, como no podía ser de otra manera.
2. Una segunda corriente considera al coleccionismo de bienes culturales de
prohibida circulación como un eslabón del TIBC, por lo tanto debe ser detenida.
Esta corriente es la más dura y no admite mediaciones, reconoce el proceso del
coleccionismo en determinado momento de la historia, pero es enfática en señalar
que esta es nociva y en la actualidad carece de sentido y es contraria a las
disciplinas científicas. Por ejemplo, Ricardo Elia, arqueólogo italiano, ha señalado
que el verdadero huaquero es el coleccionista.
Esta segunda posición es la que por fuerza de la razón va cobrando primacía en los
ámbitos científicos, puesto que es insostenible la posición anterior en la actualidad.
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Por ejemplo, existen códigos deontológicos que se van difundiendo sobre el uso
de material arqueológico proveniente del huaquerismo y de colecciones sin
contexto; algunos países no exhiben en los museos antropológicos nacionales
colecciones que provienen de compras a terceros, de TIBC y huaquerismo; y
revistas especializadas no permiten publicaciones científicas que tomen como
ejemplo piezas sin contexto (Salazar, 2007).
Blanqueo de bienes
El segundo aspecto que creemos importante analizar es la forma en que los
coleccionistas de bienes culturales de prohibida comercialización actúan para
afirmar la posesión de bienes culturales y de alguna manera legalizar su posesión.
A esta puesta en dominio público se denomina blanqueo de bienes. Aquí las
preguntas claves son: ¿Desde cuándo podemos hablar de blanqueo?, y,
consecuentemente ¿por qué no se sanciona esta práctica? Estas dos preguntas
constituyen el termómetro para analizar y medir a la sociedad.
El blanqueo de bienes culturales es una práctica común, generalmente de
coleccionistas de bienes culturales de prohibida circulación, que consiste en
exponerlos o presentarlos al público a través de muestras, exposiciones e incluso
abriendo museos. Este artificio de promoción y difusión público permite que la
sociedad asuma y conozca su existencia, pero sobre todo aparentemente “legaliza”
la propiedad de los bienes, que según la Ley de Patrimonio Cultural de Ecuador
son de propiedad única del Estado.
El caso emblemático de blanqueo de bienes culturales para buena parte de América
Latina muestra del saqueo a gran escala, de alto impacto, que ha involucrado a
distintas personalidades, es el caso Patterson.
Leonardo Patterson, costarricense alemán, recorrió buena parte de América Latina,
adquiriendo bienes culturales patrimoniales y pretendió vender parte de “su”
inigualable colección en España a través de una exposición exquisita, cuyos
titulares involucraron a personalidades de reconocida trayectoria mundial que lo
alabaron en su momento.
El problema salió a la luz debido a la existencia probada en aquella colección de
bienes culturales patrimoniales reportados como robados en el territorio peruano;
en esta colección además se identificaron bienes culturales mexicanos,
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guatemaltecos, costarricenses, ecuatorianos y colombianos. A raíz de la exposición
y publicación del respectivo catálogo, los países involucrados conocieron la
magnitud de la depredación, por ello iniciaron procesos de reclamo en las cortes
españolas y alemanas, enviaron peritos y movilizaron esfuerzos para enfrentar este
caso en las cortes internacionales.
El caso Patterson es uno de los tantos esfuerzos de intento de blanqueo de
colecciones patrimoniales de prohibida circulación. Sin embargo, creemos que en
Ecuador la situación continúa inalterada como hasta en el siglo XIX respecto al
coleccionismo, puesto que no hemos dado un paso adelante al hacer el seguimiento
sobre la procedencia de los bienes culturales arqueológicos que conforman las
colecciones de personas naturales y jurídicas, y permanentemente asistimos a
inauguraciones, exposiciones, aperturas de museos y registro de colecciones que
exhiben bienes culturales patrimoniales de prohibida circulación, según la Ley.
La puesta en escena pública, o blanqueo de bienes culturales, se logra puesto que
la sociedad “reconoce” la tenencia de estos bienes culturales, y de alguna manera
se oficializa la posesión.
La tabla inferior es el análisis de una muestra representativa de los museos que se
promocionan en la web en Ecuador, y la difusión que se hace con respecto a las
colecciones que administran; queda claro otra vez el número de museos que
administran bienes de “prohibida circulación” según la Ley de Patrimonio
Cultural, y el proceso de blanqueo del patrimonio cultural a través de esta puesta
en escena y atención al público a través de los museos.
Elaboración propia
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Estas tablas son apenas referenciales, puesto que hasta ahora existe mucha
resistencia para registrar las colecciones, a pesar de que el Estado ha demostrado
que no tiene interés en realizar confiscaciones. Estos datos son en consecuencia la
punta del iceberg. Atreviéndonos a hacer un cálculo optimista, diremos que
constituye un 50% de lo que falta por inventariar.
La actividad intensiva de los huaqueros en los países, y la gran cantidad de bienes
culturales que ha salido, ha motivado a que algunos estudiosos propongan una
clasificación: “Países exportadores”, “Países de tránsito”, “Países importadores”.
Por países exportadores: Suramérica, África, Oceanía y Kampuchea, y otros ya
despojados casi por completo (Nauru) (Prott y O´keefe: 1983; 1)
Países de tránsito: Gran Bretaña, Francia, República Federal de Alemania, Suiza y
los Estados Unidos, y algunos Estados de América del Sur, África y Australia,
tratándose en todos los casos de piezas provenientes de países vecinos. Por países
importadores denominan a los Estados donde se encuentran los principales
coleccionistas: América del Norte y Europa. Por otro lado, identifican a otros
países importadores que “requieren” bienes de origen europeo, como ciertos países
de América del Sur, Sudáfrica, Australia, Canadá y Nueva Zelanda (Prott y
O’Keefe: 1983; 1).
Sin embargo, de esta denominación y aparentes precisiones no creemos que sea
exacta. Es importante dar el nombre que le corresponde a las actividades ilegales.
Por lo tanto, lo justo sería hablar de países depredados o países expoliados; y países
permisivos ante el TIBC, tanto para los que facilitan la circulación cuanto para los
que son el destino de este mercado ilegal. Creemos que cuando se dé una
denominación apropiada, sin falsas etiquetas, estaremos en condición de hablar de
un cambio de actitud en la sociedad en los ámbitos nacional e internacional. Por
ende, habremos también dado un paso adelante en la lucha contra el TIBC a escala
internacional.
Los países expoliados a los que los autores Prott y O’Keefe se refieren son los
nuestros, de Centro y Suramérica, de África, Oceanía y Asia; poseedores de
enormes riquezas materiales e inmateriales que son codiciados por coleccionistas
de occidente, preferentemente de Norteamérica y Europa, quienes actúan gracias
a que existe una cadena de involucrados que les provee de los materiales culturales
muchas veces adquiridos bajo pedido. Por ello es que insistimos que el
estigmatizar tan solo a los huaqueros y aplaudir a los coleccionistas es una práctica
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desequilibrada, en la que la aplicación de la justicia es inequitativa, por lo tanto,
atentatoria a los derechos humanos; que esta dicotomía incentiva el TIBC; en
consecuencia, es un componente más de la inseguridad ciudadana y de la
inseguridad global.
Seguridad ciudadana y tráfico ilícito de bienes culturales
El tercer aspecto que anunciábamos pretende analizar a la sociedad o entorno, que
creemos puede actuar permisivamente o no frente al TIBC. Los actores de la
cadena del tráfico ilícito, tienen un papel específico y están íntimamente
relacionados entre sí. Por lo tanto, también deberían ser responsables de igual
manera frente a un hecho delictivo; es esta la razón por la que hablamos de cadena
de involucrados para demostrar que cada eslabón se relaciona y cumple una
función al facilitar la circulación de piezas provenientes de excavaciones ilegales,
hurtos, robos, y colocarlas en el mercado legal e ilegal.
Creemos que la razón por la que un amplio espectro de la sociedad reacciona con
una doble moral frente al TIBC se debe a los intereses que entran en juego y otros
problemas estructurales. Por tanto, es importante develar las causas, escenarios y
aspectos que atraviesa el problema del TIBC para provocar un cambio interno que
desincentive la adquisición de bienes de prohibida circulación.
Un artículo de Rubén Bravo en un diario nacional ecuatoriano habla sobre este
tema, y se refiere a la necesidad de la aplicación de políticas públicas que
garanticen la igualdad; que al no existir igualdad en la aplicación de las leyes y
justicia para todos, la problemática general alienta y alimenta la inseguridad
ciudadana; por ende, son escenarios propicios para el TIBC.
Algunas líneas del problema respecto a por que la sociedad es permisiva con casi
todos los actores que intervienen en el TIBC las exponemos a continuación para
analizar su complejidad.
Por un lado, el “robo”, “la depredación del patrimonio de todos”, el “saqueo”, “el
expolio de provincias y países enteros” por individuos de una condición económica
determinada se justifica como una forma de vida. Si parafraseamos este
justificativo, también se aceptaría que las otras modalidades del crimen y la
delincuencia común constituyen un modo de vida. Por lo tanto, el modo de vida
denominado huaquerismo, ejercida generalmente por personas de escasos recursos
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económicos, debe ser detenido. La condición de pobreza para delinquir no es de
ninguna manera un justificativo para depredar el patrimonio cultural.
Sin embargo, la explicación de esta práctica debido a la pobreza, a la falta de
educación y al desconocimiento de las leyes, parecería ser no tan cierta. El
huaquero en la actualidad actúa a la sombra, trabaja bajo pedido con clientes
conocidos, no se expone, pone en circulación los bienes culturales de acuerdo con
el mercado y al momento de negociar sabe cómo llegar al precio; esta actitud
demuestra que conocen la ilegalidad que cometen.
Es realmente impactante escuchar a poblaciones que habitan en sitios
arqueológicos desconocer los valores culturales de los pueblos anteriormente
asentados en aquellos territorios; en muchas ocasiones tampoco se reconocen
como sus descendientes. De ahí que pueden participar en la destrucción de tumbas
para obtener los ajuares funerarios, desmantelar construcciones para reciclar los
materiales y destruir los contextos arqueológicos para evitar que las autoridades
intervengan.
Esto nos lleva a un segundo punto, que es la falta de trabajo de los órganos
competentes para mostrar experiencias exitosas de otras comunidades que
aprovecharon estos recursos patrimoniales y mejoraron sus condiciones, como las
comunas de Agua Blanca y Salango, en la provincia de ManabíEcuador, entre
otras.
Otro aspecto que se debe tratar es la relación del TIBC y la seguridad ciudadana;
es en el que menos énfasis se ha puesto. Cuando se habla de patrimonio y bienes
culturales se comentan como hechos anecdóticos, la violencia asociada a este tipo
de robo no causa mayor interés entre las autoridades, puesto que generalmente
están concentradas en “otros” problemas más acuciantes de la sociedad como el
sicariato, los accidentes masivos en carreteras y la inseguridad ciudadana en los
espacios públicos. Generalmente la pérdida de bienes culturales es asociada al robo
común de otros bienes que “aparentemente tienen mayor valor”. La falta de
documentos que sustentan las indagaciones, como son los inventarios de bienes
culturales patrimoniales, hace que el problema se invisibilice en torno a la
delincuencia común.
Finalmente, diremos que la inseguridad no se combate con el amurallamiento de
las viviendas; tiene relación directa con los desequilibrios sociales, que es
precisamente el problema al que hemos aludido en el TIBC.
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La ciudadanización del patrimonio comprende otras dimensiones. En ese contexto,
esta actividad tendrá importancia cuando entendamos que el problema del TIBC
afecta a la seguridad ciudadana, al orden económico, a la memoria colectiva y a
los derechos culturales. Por lo tanto, la lucha contra el TIBC no es solo una guerra
para la recuperación de bienes materiales, trata sobre aspectos trascendentes que
aglutinan y dan sentido a pueblos y comunidades.
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